FALLO ADVERSO DE LA CORTE NORTEAMERICANA

17 junio, 2014

Un golpe al objetivo de conseguir dólares

En el Ministerio de Economía los funcionarios tenían caras demudadas y no alcanzaban ni a preguntarse por qué la Corte Suprema de EE.UU.

había decidido darle la razón al juez Griesa, que era dárselas a los bonistas que no entraron a los canjes de deuda y litigaron contra el país.

Dentro del Gobierno apostaban que la Corte iba a desairar a la justicia neoyorquina para avalar a la Argentina.

El fallo de ayer abre muchos interrogantes, pero cierra uno: Olivos no puede ahora culpar al gobierno de Obama ni a la oposición local por no haberlo defendido. La equivocada estrategia que llevó adelante el Gobierno no tiene otro responsable que la autoridad política del país, que sólo en el último tiempo, y por consejo de un nuevo abogado, entendió que debía anticipar que acataría el fallo, fuese cual fuese.

La decisión de la Corte implica un golpe a la política de acercamiento a los mercados, lo reconoció anoche la Presidenta, que se tradujo en arreglos y pagos para cumplir con juicios que ganaron las empresas en el tribunal del Banco Mundial, para pagarle a Repsol por YPF y al Club de París.

La tranquilidad que mostraban los funcionarios durante el fin de semana hacía pensar que el Gobierno había considerado que el haber hecho aquellos “deberes”, costosos en términos políticos y económicos, era suficiente para que la Corte de EE.UU. tomase el análisis del juicio de los bonistas.

Pero la realidad es otra. Ahora, el Gobierno debería girarles antes de fin de mes US$ 900 millones a los bonistas que entraron a los canjes y unos US$ 1.500 millones para cumplir con el pago a los fondos buitre. Si no media una negociación o un período de gracia, a fin de mes los fondos buitre pasarían a cobrar antes que el resto. Pero anoche la Presidenta dijo que eso no será así.

Desde un punto de vista conceptual no tendría sentido que la Argentina ingresara en default por unos US$ 15.000 millones, que representarían el equivalente a 3% del PBI. Pero Cristina sostuvo que pagar esa cifra sería extorsivo, ya que equivalen a la mitad de las reservas. El fallo implica también un serio retroceso en la política frente a los mercados que vino desarrollando en los últimos tiempos ante la necesidad imperiosa de dólares que tiene, un dato que conocen los bonistas a la perfección.

Ahora se le hará más difícil al Gobierno conseguir divisas, tanto porque, según se desprende del mensaje presidencial, se tomó la decisión de eludir el fallo de la justicia de EE.UU. como porque, con un tuit posterior, sostuvo que el compromiso oficial es pagarles todo a los bonistas que entraron a los canjes y que se implementará lo que se podría interpretar como un cambio de lugar de pago. Ahora habrá que esperar a que las negociaciones avancen para evitar más golpes como los que ayer soportaron las acciones y los bonos argentinos, el reflejo más claro de que la Argentina pierde crédito y, por lo tanto, posibilidades de crecimiento. Y esto es más allá del discurso político con que se trate de envolver la decisión de la Corte.

El hecho de no cumplir con el fallo implica iniciar un nuevo camino, más difícil, y seguramente mucho más trabajoso para que la Argentina pueda conseguir el financiamiento necesario para aumentar la inversión y posibilitar el crecimiento.

 

En el Ministerio de Economía los funcionarios tenían caras demudadas y no alcanzaban ni a preguntarse por qué la Corte Suprema de EE.UU.

había decidido darle la razón al juez Griesa, que era dárselas a los bonistas que no entraron a los canjes de deuda y litigaron contra el país.

Dentro del Gobierno apostaban que la Corte iba a desairar a la justicia neoyorquina para avalar a la Argentina.

El fallo de ayer abre muchos interrogantes, pero cierra uno: Olivos no puede ahora culpar al gobierno de Obama ni a la oposición local por no haberlo defendido. La equivocada estrategia que llevó adelante el Gobierno no tiene otro responsable que la autoridad política del país, que sólo en el último tiempo, y por consejo de un nuevo abogado, entendió que debía anticipar que acataría el fallo, fuese cual fuese.

La decisión de la Corte implica un golpe a la política de acercamiento a los mercados, lo reconoció anoche la Presidenta, que se tradujo en arreglos y pagos para cumplir con juicios que ganaron las empresas en el tribunal del Banco Mundial, para pagarle a Repsol por YPF y al Club de París.

La tranquilidad que mostraban los funcionarios durante el fin de semana hacía pensar que el Gobierno había considerado que el haber hecho aquellos “deberes”, costosos en términos políticos y económicos, era suficiente para que la Corte de EE.UU. tomase el análisis del juicio de los bonistas.

Pero la realidad es otra. Ahora, el Gobierno debería girarles antes de fin de mes US$ 900 millones a los bonistas que entraron a los canjes y unos US$ 1.500 millones para cumplir con el pago a los fondos buitre. Si no media una negociación o un período de gracia, a fin de mes los fondos buitre pasarían a cobrar antes que el resto. Pero anoche la Presidenta dijo que eso no será así.

Desde un punto de vista conceptual no tendría sentido que la Argentina ingresara en default por unos US$ 15.000 millones, que representarían el equivalente a 3% del PBI. Pero Cristina sostuvo que pagar esa cifra sería extorsivo, ya que equivalen a la mitad de las reservas. El fallo implica también un serio retroceso en la política frente a los mercados que vino desarrollando en los últimos tiempos ante la necesidad imperiosa de dólares que tiene, un dato que conocen los bonistas a la perfección.

Ahora se le hará más difícil al Gobierno conseguir divisas, tanto porque, según se desprende del mensaje presidencial, se tomó la decisión de eludir el fallo de la justicia de EE.UU. como porque, con un tuit posterior, sostuvo que el compromiso oficial es pagarles todo a los bonistas que entraron a los canjes y que se implementará lo que se podría interpretar como un cambio de lugar de pago. Ahora habrá que esperar a que las negociaciones avancen para evitar más golpes como los que ayer soportaron las acciones y los bonos argentinos, el reflejo más claro de que la Argentina pierde crédito y, por lo tanto, posibilidades de crecimiento. Y esto es más allá del discurso político con que se trate de envolver la decisión de la Corte.

El hecho de no cumplir con el fallo implica iniciar un nuevo camino, más difícil, y seguramente mucho más trabajoso para que la Argentina pueda conseguir el financiamiento necesario para aumentar la inversión y posibilitar el crecimiento.