PODER, JUSTICIA Y DROGAS – EL LIBRO OCULTO DEL COMISARIO GENERAL LUIS ALBERTO GALANZINO

1 marzo, 2016

PODER, JUSTICIA Y DROGAS – EL LIBRO OCULTO DEL COMISARIO GENERAL LUIS

Comisario General Luis albeeto Galanzino-Jamas dejo de luchar contra las drogas

Comisario General Luis albeeto Galanzino-Jamas dejo de luchar contra las drogas

ALBERTO GALANZINO – 4ta. ENTREGA

 1 de Marzo, 2016

PODER, JUSTICIA Y DROGAS – EL LIBRO OCULTO DEL COMISARIO

GENERAL

LUIS ALBERTO GALANZINO

 

 1 de Marzo, 2016 – 4ta. ENTREGA

- Quien o quienes fueron los que convirtieron a la Provincia de Santa Fe, especialmente a Rosario, en una nueva Sinaloa?

- Quien o quienes fueron los que produjeron las muertes de tantos ciudadanos justos, a manos de la delincuencia desatada por los que invadieron con drogas a la Provincia de Santa Fe?

- Quien o quienes fueron los que abrieron las puertas del infierno al genocidio desde el Estado, habilitando a cada vez más irracionales a matar, robar, introducir y vender drogas, especialmente a la juventud.-

 - Otra vez terrorismo de Estado? – Solo que esta vez, el permiso para matar,vender drogas, traficarlas, robar, cajas negras, industria de la liberación, piratas del asfalto,

prostitución, etc., no tiene solucion de continuidad, agravándose cada día, con el terror de los ciudadanos.-

detención clandestino “La Calamita”, donde eran supuestamente torturados según denuncian los organismos de derechos humanos. Ser oficial de inteligencia o de las fuerzas armadas o policiales no es nada malo en si, por cierto, pero lo que llama la atención es la contradicción entre el discurso y los actos de gobierno.
Como se ve, para Rosúa, la democracia es pura cháchara pues él ha renunciado a sus convicciones anteponiendo intereses personales a su ideología, por cuanto ha aceptado que un sospechado de torturador ocupe la Sub Secretaria de Seguridad; pero en contraposición a esto, pregonaba públicamente los nombres de algunos policías que habían participado en la represión de la subversión.
Ante los dichos de Rosúa sobre la democratización de la policía y dado que es impensable aceptar que todos los integrantes de esa fuerza deban acatar servil u obsecuentemente todas las decisiones políticas aunque sean contrarias a la ley, mi dignidad de servidor publico hizo a que me revelara y pidiera que se clarificaran esas expresiones.
Utilizando los mismos medios periodísticos que usaba el Ministro, exigí a Rosúa me aclarara que significaba “la necesidad de limpiar a la policía de viejas costumbres y de cambiar la mentalidad que provoca quejas constantes en la ciudadanía” y textualmente le repliqué:
“Cabe exigir perentoriamente que se explique y se de razón suficiente acerca de las referidas costumbres y mentalidades, por cuanto, si el lenguaje no es claro, cobra inexorablemente en la opinión publica, que nos relevaron por ser delincuentes, corruptos, o porque no, también represores”.
Capitan Cebollita jorge Obeid y Galimberti

Capitan Cebollita jorge Obeid y Galimberti

Señalé, además, que esas declaraciones produjeron en mí y en mi entorno familiar una profunda desazón y menoscabo, inferido con la mas absoluta gratuidad y ligereza ya que las expresiones -con la entidad que les da el haber sido dichas por un ministro-, generan una imagen o concepto en la opinión pública muy difícil de revertir salvo que la misma fuente o funcionario, en cumplimiento de un deber moral, aclare las verdaderas motivaciones de los

Tte. Gral. Leopoldo Galtieri

Tte. Gral. Leopoldo Galtieri

cambios producidos.

Además Rosúa fue partidario de que en la Provincia de Santa Fe se produzcan estos cambios en la cúpula policial para que no se repitan situaciones como las ocurridas en las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, en las que miembros de esas policías aparecieron vinculados a crímenes resonantes.

A esto también le respondí al Ministro Rosúa, “resulta inaceptable trazar un parangón con ciertos sucesos ocurridos en otras provincias, o a la luz de dichos sucesos, impulsar cambios en la policía de esta Provin-cia” y agregué, “sería mas tolerable que la comparación se formidara a nivel de ingresos entre las distintas policías provinciales, ya que no obstante que los gobiernos padecen análogas dificultades financieras y económicas, los sueldos que se perciben en nuestra fuerza distan mucho de los de aquellas.”

“No quiera con ello, esgrimirse el concepto de convertibilidad y congelamiento de sueldos, por cuanto ello, es fácilmente rebatible con las recomposiciones salariales otorgadas a otros poderes y reparticiones provinciales”.

Habiendo tomado estado público mis declaraciones por las cuales solicitaba la aclaración de las expresiones de Rosúa, éste permaneció en silencio demostrando que es un cobarde, ya que el Régimen Disciplinario Policial contempla que tanto el gobernador como el ministro de gobierno tienen facultades para aplicar sanciones a un policía, pero en este caso y por miedo a dar la cara, ordenó al recientemente designado Jefe de la Policía Jorge Eleuterio Bordón que me notificara de una sanción disciplinaria que consistió en cinco días de arresto por haber faltado a la ética policial.

Tte.Cnel. José  Bernhardt

Tte.Cnel. José Bernhardt

Luego de cumplir dicha sanción y al determinar que se había producido un hecho ilegal con respecto a esa sanción, es que me presenté en la Fiscalía N2 10 de los tribunales provinciales de Rosario, a cargo de la Dra. Rita Schiappapietra, donde denuncié los hechos irregulares producidos por el gobernador Jorge Obeid y el Ministro del Gobierno Roberto Rosúa con respecto al ascenso y designación como jefe de la policía de la provincia de Jorge Eleuterio Bordón y que como consecuencia de este acto ilícito y de la ilicitud de la medida sancionatoria por no provenir de funcionario hábil para aplicarla, también denuncié la privación ilegítima de mi libertad de la que había resultado víctima.En esa presentación expresé las causales que determinaban la ilegitimidad del ascenso y nombramiento de Bordón, ilegitimidad que surge de la violación de la Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa Fe, a la Ley de Personal Policial, y al Reglamento de Promociones y Ascensos (Decreto 4305/92).

La violación a la Ley Orgánica queda determinada ante la trasgresión a lo que determina el artículo 26 de la mencionada norma, cuyo contenido dice:”El comando de la Policía de la Provincia de Santa Fe será ejercido por un ciudadano argentino, nacido en la provincia de Santa Fe o con un mínimo de residencia inmediata y continua en la provincia de un año computado al tiempo de nombramiento, designado por el Poder Ejecutivo con el titulo de Jefe de Policía. En caso de designarse a un integrante de las fuerzas policiales, el mismo deberá pertenecer a la Policía de la Provincia de Santa Fe, y ostentar la jerarquía de Comisario General del cuerpo de seguridad, en actividad o situación de retiro.”

En esta designación, esta exigencia legal no se cumplimenta ya que la promoción de Bordón al grado de Comisario General se produce inmediatamente después a su designación como Jefe de Policía, violándose, para lograr tal fin, leyes y reglamentos que establecen que los ascensos sólo podrán efectuarse previo asesoramiento y propuesta de la Junta de Calificación respectiva.

Vale, entonces, afirmar que el ascenso y nombramiento como Jefe de Policía de Bordón está viciado de nulidad, por cuanto jamás fue propuesto por una Junta de Calificaciones para que el mismo se produzca.

Roberto Rosua - Ministro de Gobierno de Obeid

Roberto Rosua – Ministro de Gobierno de Obeid

Se argumentó en su momento, que el ascenso del Comisario Mayor Jorge Bordón al grado de Comisario General se trataba de un ascenso extraordinario, lo que es absolutamente falso o erróneo toda vez que las excepciones al artículo 87 de la Ley de Personal están contempladas en el artículo 88 del citado cuerpo legal, que determina que sólo se exceptúan de la consideración del artículo anterior los ascensos que se otorgan por mérito extraordinario o post mortem.

Ratificando lo expresado, debemos referirnos al reglamento de Promociones y Ascensos que en su artículo 2e establece: “los ascensos ordinarios se producirán a partir del de enero de cada año calendario”, en este caso el ascenso se produjo el día 30 de octubre, demostrando su ilegalidad.

También debemos tener presente, lo que determina el artículo 4º de ese Reglamento que expresa: “La promoción del personal policial, será precedido por el asesoramiento de las juntas de Calificaciones respectivas”, como se ve, este artículo también ha sido violado.

De las normas establecidas y vigentes para la institución policial, se desprende claramente que el gobernador Jorge Obeid ha violado la Ley, por cuanto no tenía al momento del hecho relatado, facultades para as-cender a Bordón ni a ningún funcionario policial sin la propuesta de la Junta de Calificaciones y tampoco en esta oportunidad eran aplicables las circunstancias de los casos de ascensos extraordinarios contemplados por la ley y su reglamentación.

Una prueba irrefutable de la ilegalidad del ascenso y nombramiento de Bordón como Jefe de Policía lo da el hecho de que en todos los recursos de reconsideración y apelación en subsidio presentados por personal policial ante el dictamen de las Juntas de Calificaciones en cuanto a que está apto para el ascenso y que no es propuesto por falta de vacantes, el Jefe de Policía no hace lugar a la reconsideración pero acepta la apelación y gira el recurso al Poder Ejecutivo, quien lo admite y determina que hace parcialmente lugar a la apelación y ordena la conformación de una Junta Ad Hoc para que le asigne al quejoso una nueva calificación conceptual, debidamente fundamentada, en relación a los demás postulantes y decida con respecto a su posibilidad de ascenso.

Este criterio, es compartido unánimemente por las asesorías letradas del Ministerio de Gobierno y de la Fiscalía de Estado, pero para este caso, ex profeso estos dictámenes no fueron respetados con el agravante de que Obeid no podía ignorar la aplicación de estas resoluciones, cuando en otros casos suscribió los expedientes ordenando la conformación de dichas Juntas Ad Hoc.

Rosua y el Tte.Cnel. Bernhardt

Rosua y el Tte.Cnel. Bernhardt

En base a todas estas consideraciones es fácil advertir que la sanción que me fuera impuesta consistente en cinco días de arresto por parte de Bordón fue ilegítima en razón de que éste no tenía capacidad para aplicarla y si bien el arresto policial esta contemplado por los reglamentos, al ser impuesta por personal no competente, transforma esa sanción en una trasgresión al artículo 144 bis del código penal, esto es, privación ilegítima de la libertad.

En síntesis y analizadas todas las circunstancias fácticas de esta cuestión, es fácil determinar que el Gobernador Jorge Obeid y su Ministro de Gobierno Roberto Rosúa que refrendó el decreto de ascenso, han promovido al grado de Comisario General a Jorge Bordón en contravención a las legislaciones contempladas en la Ley Orgánica de la Policía, en la ley del personal policial y en el reglamento de promociones y ascensos.

Tanto Obeid, como Rosúa son penalmente responsables a tenor de lo dispuesto por el Artículo 248 del Código Penal por abuso de autoridad y por el Articulo 253 del mismo cuerpo legal por violación a los deberes de funcionario público; ello es así por cuanto Bordón, como integrante de los cuadros policiales, no podía haber sido ascendido sin la intervención o dictamen previo de una Junta de Calificación.

Inocentes fallecidos en el acto terrorista Montonero en Rosario

Inocentes fallecidos en el acto terrorista Montonero en Rosario

En lo que respecta a Jorge Bordón, este no podía ignorar que su promoción al grado de Comisario General fue insalvablemente nula y que por lo tanto el ejercicio de la función que estaba desarrollando como Jefe de la Policía tornaba sus actos administrativos en nulos de nulidad absoluta y por ende transformaban la sanción que me impuso en un acto ilícito.

Además, no podía ignorar que estaba cumpliendo funciones públicas sin título habilitante y que por lo tanto su conducta determinaba que se hallaba incurso en la responsabilidad penal que describe el artículo 246 del Código Penal, es decir usurpación de autoridad, títulos y honores.

Este tipo de violaciones a la ley y reglamentos pareciera ser una constante de la actividad política, que pone por encima de la norma, la conveniencia y la oportunidad. Obeid repetiría el mismo cuadro de situación al designar, durante este, su segundo mandato, como Jefe de Policía a la ComMy Dra. Leyla Perazzo, perteneciente al escalafón profesional y sin el grado necesario en la fuerza, pero pariente cercano a su aliado político y hombre de confianza, el Dr. Ariel Dalla Fontana.

Ante mi presentación y al dictar resolución la fiscal ínterviniente, peticionó la instrucción del sumario correspondiente por entender que se hallaban acreditados los hechos delictuales denunciados.

A partir de esta presentación judicial, comencé a recibir en mi domicilio constantes llamadas telefónicas anónimas profiriendo amenazas de muerte que incluían a mi grupo familiar. Fui víctima de intervenciones telefónicas clandestinas producidas por personas especializadas, con la intención de grabar todas mis conversaciones. Fui sometido al igual que mi familia, a seguimientos por parte de desconocidas que se movilizaban tanto a pie como en vehículos. Diariamente al llegar la noche se estacionaba frente a mi domicilio un automóvil ocupado por un hombre y una mujer, a los que observé que con elementos de gran tecnología, producían escuchas de lo que se hablaba en el interior de mi domicilio, violándose con ello mi privacidad.

Fallecidos en el atentado Montonero de Rawson y Junin de rosario

Fallecidos en el atentado Montonero de Rawson y Junin de rosario

Por averiguaciones que pude practicar, logré establecer que quienes producían esas escuchas eran personal de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Tte. Cnel. Raúl Videla

Tte. Cnel. Jorge Rafael Videla

Hay un hecho de relevancia en esta cuestión y es que el Sub Secretario de Seguridad de la Provincia, Tte. Cnel. José Bernhardt es un militar que se desempeñó como Jefe de Inteligencia en el Proceso Militar que conoce cómo se manejan estos métodos y que es afecto a ellos, teniendo en cuenta los procedimientos de ese gobierno que él integraba y que se aplicaban a personas de distintas ideologías políticas, por lo que tengo fundadas sospechas que ha sido éste quien ha dirigido estas operaciones ilegales.

De acuerdo al dictamen fiscal en cuanto a que se debía instruir sumario y en razón de que todos los actos administrativos del gobierno provincial tienen sede en la ciudad de Santa Fe, la Cámara de Apelaciones de esa ciudad a la cual le tocó intervenir, determinó la competencia del Juzgado Correccional de la 5a Nominación, a cargo del Juez Daniel Antonio Rucci.

Por ello y con patrocinio letrado, me constituí en la causa como Actor Civil para .solicitar primeramente la inhibición del magistrado interventor en razón a lo dispuesto por la Ley Orgánica en materia penal, dado que la penalidad a aplicar ante la privación ilegítima de mi libertad es severa y debía intervenir un juzgado de instrucción y además para acompañar pruebas, controlar el desarrollo del proceso y en la etapa procesal oportuna, demandar la reparación de los daños ocasionados por el delito del cual fui víctima y denuncié.

Herido en el atentado Montonero con bombas de Rosario en Rawson y Junin

Herido en el atentado Montonero con bombas de Rosario en Rawson y Junin

Al cabo de unos días recibí una notificación del juzgado interviniente en la cual el juez Rucci, aduciendo que los delitos invocados se trataban de tipos penales contra la Administración Pública que es quien resulta damnificada en estos tipos de delitos, no hace lugar a mi pretensión de constituirme en Actor Civil según su dictamen, por no reunir los requisitos determinados en el artículo 94 del Código Procesal Penal de Santa Fe, es decir, este señor no me tomo en cuenta como víctima en estas actuaciones, no consideró ilegal mi sanción, pero sí tuvo en claro que con el sólo hecho de no permitirme actuar como Actor Civil -ya que en nuestra norma de procedimientos el denunciante no es parte en el proceso-, me invalidaba para aportar nuevas pruebas o solicitar se revoquen otras. Es evidente que utilizó este argumento para después, tal como lo hizo, resolver con un fallo inicuo.

Esta decisión arbitraria es el producto del desborde del poder político y la subordinación del Poder Judicial, que además de violentar mis derechos de garantía judicial, el principio de igualdad y protección judicial, atenta contra los principios constitucionales, como lo es la división de poderes.

Analizada la resolución del magistrado en la que no me hace lugar a la constitución de actor civil, podemos admitir que la apreciación del tribunal, en cuanto a que los delitos invocados se corresponden con las circunstancias de que la Administración Pública es quien resulta damnificada es correcta, pero también es indudable que la investigación, juzgamiento y penalidad a sus autores, que no son otros que los funcionarios públicos, me convierten en víctima de dicho accionar, lo que implica que no puede desconocerse la legitimidad de mi interés de accionante en la investigación; por lo tanto, mi presentación encuadraba perfectamente a lo requerido por el artículo 94 del Código Procesal Penal de Santa Fe.

Como no podía esperarse de otra manera, en fecha 3 de Agosto de 1998, el Juez interventor Daniel Antonio Rucci, dispuso el archivo de la causa en razón, según su resolución, de no constituir la conducta de los denunciados delito penal alguno.Esta sentencia resulta inadmisible y demuestra una neta parcialidad hacia los funcionarios de gobierno, determinan que el juez no ha valorado las documentales acompañadas y que acreditaban los delitos invocados por cuanto, de haberlo hecho en forma imparcial, seguramente hubiera tenido que arribar a una sentencia condenatoria.

Aplicando un artilugio y valiéndose de un pliego que le remitiera Roberto Rosúa, dicta esta resolución, que se contradice con lo que determinan la Ley Orgánica de la Policía, la Ley de Personal Policial y el Reglamento de Promociones y Ascensos. Pero, en fin, esto es política y no derecho, conveniencia y oportunidad y no defensa de los derechos de los ciudadanos, sean estos un policía como yo o cualquier otro o un habitante más de esta provincia.

Al fundar su sentencia, el magistrado manifestó que el Comisario General Jorge Eleuterio Bordón fue examinado y calificado por la Junta de Calificación respectiva conforme lo prevén las leyes y reglamentos policiales vigentes para el sistema de ascensos de la Policía Provincial.

Que conforme al Acta NQ 290 de fecha 7 de noviembre de 1994, producida por la Junta de Calificaciones de ese año, lo encuadra apto para el ascenso, no propuesto por falta de vacantes en relación a las promociones del lü de enero de 1 995, con ello, dice el juez, se ha completado el requisito exigido para el posterior ascenso y que ante la inexistencia del delito, dispone del archivo de la causa.

Este buen señor no ha querido observar que en el expediente se encuentra agregada el Acta N‘~’ 2 de fecha 9 de octubre de 1996, producida por la Junta de Reclamos año 1996, que al dictar resolución, no hace lugar al reclamo interpuesto por el Comisario Mayor Jorge Eleuterio Bordón a su pretensión de ascenso a partir del ls de Enero de 1996

Esta circunstancia hace que quede invalidada la resolución del magistrado al no haber observado que también se conformó una Junta de Calificación durante año 1995 tal cual lo prevé el articulo 46 del Reglamento de Promociones y Ascensos, que tampoco elevó la propuesta de ascenso de Bordón.

Esto indica claramente que todo personal policial debe ser evaluado anualmente por una Junta hasta que se eleve su propuesta de ascenso, ello es así por cuanto las calificaciones anuales pueden variar en base a sanciones disciplinarias, partes de enfermo o hallarse inhabilitado para………..continúa en 5ta. Entrega